El Colegio de Abogado de la Capital Federal rechazó «enfáticamente» la media sanción por parte de la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley de prevención del lavado de dinero, en cuanto incluye a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF (Unidad de Información Financiera).
En el mencionado Proyecto de Ley se enmarca la protección del Secreto Profesional y del Derecho a Defensa por parte de los letrados, en tanto obliga a revelar las «operaciones sospechosas de sus clientes» al modificar la legislación sobre prevención y represión del lavado de activos.
El Consejo Directivo aprobó el dictamen de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance que sostiene que las recomendaciones del GAFI no requieren necesariamente la inclusión de los abogados como sujetos obligados, toda vez que las notas interpretativas de las mismas recomendaciones permiten excluirlos cuando las actividades que interese controlar se encuentren ya incluídas en las leyes u otros medios coercitivos.
«En nuestro país todas las actividades descriptas en la Recomendación del GAFI poseen numerosos controles y están ya supervisadas por diversos sujetos obligados ( escribanos, registros de la propiedad inmueble, registros de comercio, etc)», expresa el dictamen del Consejo Directivo aprobó el dictamen de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance.
Todas las tareas que realizan los abogados y abogadas están amparadas por el secreto profesional que integra la garantía de defensa en juicio de los derechos de todos los habitantes, por lo que el proyecto sancionado resulta inconstitucional.
En este sentido, el Dr. Ricardo Gil Lavedra, Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, envió la semana pasada una nota al Honorable Senado de la Nación Argentina donde comunica su «férrea oposición al Proyecto de Ley que modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, sancionado el 18 de abril del corriente por la H. Cámara de Diputados y que se encuentra actualmente en revisión ante la H. Cámara de Senadores».
En la misma nota, el representante institucional de los abogados sostuvo en la nota que el Proyecto de Ley “indicó que las actividades que deben ser informadas por los abogados son parte del ejercicio diario de su profesión y, en consecuencia, la obligación prevista en el proyecto violenta directamente el secreto profesional».
Y en comunicado oficial dirigido hacia los matriculados del colegio, expresó que «El Colegio Público de la Abogacía no cesará en su reclamo para que la Cámara de Senadores modifique este aspecto del proyecto, para no conculcar garantías de todos los ciudadanos y evitar un enorme daño al ejercicio profesional de los matriculados y matriculadas».
Fuente consultada: C.P.A.C.F. – Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
