Los trabajadores judiciales convocaron a una nueva huelga de 36 horas para el 1° y 2 de junio próximos, en demanda del inmediato pago del segundo tramo del aumento salarial convenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
«Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad de los salarios», señalaron en un comunicado al evaluar la protesta nacional, el secretario de prensa del gremio, Julio Piumato y Nahuel Appella.
Los dirigentes aseguraron que a partir de las 10 del 1° de junio comenzará una nueva huelga, que se extenderá durante 36 horas hasta el día siguiente, si para entonces «el Gobierno continúa sin modificar las partidas presupuestarias para producir el aumento».
«La lucha continúa con grandeza en cada rincón del país. Los judiciales no permitirán que el Gobierno atropelle la independencia del Poder Judicial y procure someterlo a su actitud de no autorizar el cambio de partidas presupuestarias», puntualizó la UEJN.
Para el gremio, «es llamativo y sorprendente que el Gobierno desconozca o ignore dos elementos básicos como son la independencia de los poderes del Estado y que los trabajadores son una pieza fundamental en el desarrollo del país, por lo que se impone reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales y salariales», afirmó.
También aseveró que en «un país con una inflación superior al 100% es una prioridad defender los salarios de los trabajadores»; reclamó que «se adopten medidas urgentes que frenen la inflación que castiga el poder adquisitivo» y exigió que «se ponga el foco en quienes viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior».
Los sindicalistas aseguraron que de no haber respuestas positivas, los trabajadores paralizarán otra vez las tareas el 1° y 2 de junio, esta vez durante 36 horas, en el contexto de una nueva protesta que incluirá una movilización nacional el primero de esos días.
El martes hicieron un «banderazo» desde las 10 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) y, desde las 12.30, el personal se concentró en el Palacio de Tribunales, en tanto la protesta fue convocada en el interior del país afuera de cada dependencia.
Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que «los salarios de los judiciales no son respetados, por lo que los trabajadores continuarán la lucha», y rechazó «la decisión del Gobierno nacional de no aceptar el cambio de las partidas presupuestarias para recomponer los ingresos», por lo que expresó «descontento y preocupación».
«Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria en beneficio de la sociedad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el ‘fondo anticíclico’ de la Corte, lo que avasalla la independencia del Poder Judicial», puntualizó Piumato.
