El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) publicó el informe de investigación que realizó sobre el estado del Desarrollo Humano y la Integración Social en el área Urbana Metropolitana de Buenos Aires.
El estudio abarca desde dimensiones relativas y privaciones monetarias objetivas y subjetivas, a aspectos no monetarios asociados al ejercicio de derechos sociales y económicos, como también a elementos vinculados al mercado de trabajo, desigualdades y marginaciones sociales.
El ODSA expone en su informe que «El Área Metropolitana de Buenos Aires constituye un espacio atravesado por múltiples dinámicas que involucran aspectos económicos, políticos y socioculturales«, en ese sentido, continúa la investigación, «Es un hecho conocido que esta región presenta en materia de desarrollo humano una serie desigualdades que se manifiestan en la coexistencia de situaciones con altos niveles de privación por una parte y niveles satisfactorios de bienestar por otra, que configuran un espacio fuertemente fragmentado».
El objetivo de este trabajo fue dar cuenta desde una perspectiva multidimensional de la evolución del bienestar y de las brechas de desigualdad al interior del Área Metropolitana Bonaerense tomando en consideración una serie de dimensiones asociadas a Derechos Económicos y Sociales y a privaciones monetarias de los hogares.
Datos Preliminares de la investigación.
El Área Metropolitana de Buenos Aires conforma una región donde residen 15.580.000 de habitantes en 4.920.000 de hogares, y en un espacio interjurisdiccional fragmentado en 2 Estados Federales, 30 Municipios y 15 Comunas Vecinales.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está compuesta por 15 comunas, su población proyectada para 2022 es de 3.080.000 habitantes en aproximadamente 1.220.000 hogares.
Interrogantes principales
Entendiendo que la resolución de las profundas desigualdades socio-culturales que marcan la dinámica social de la Argentina no es un proceso simple ni lineal, es necesario analizar la evolución en el tiempo de las privaciones monetarias y no monetarias de los hogares, ya que permiten medir el grado de inclusión de la población.
En ese sentido, el informe busca dar respuesta a los siguientes interrogantes para la región del AMBA:
- ¿Cómo evolucionaron los indicadores considerados a lo largo del período analizado? (2010-2022)
- ¿Cuál fue el impacto de la pandemia sobre su desempeño?
- ¿Qué sucedió con las brechas socioeconómicas, tendieron a ampliarse, mantenerse o reducirse?
- ¿Existen diferencias en las dinámicas que presentan la Ciudad y el Conurbano?
El informe de la UCA señala que «El Derecho Social a formar parte de una sociedad de ciudadanos permite medir el grado de inclusión de la población a través de seis dimensiones fundamentales de acceso a funcionamientos o bienes y servicios fuentes de desarrollo humano sustentable».
En referencia a ello, los datos relevados para trabajar en la investigación que tomó el ODSA respondió a las distintas áreas de los derechos sociales en los que se dimensionaron distintos aspectos:
ALIMENTACIÓN Y SALUD: Acceso por parte del hogar a una alimentación suficiente y a una dotación de recursos públicos o privados suficientes para hacer frente a situaciones de riesgo respecto a la salud
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Acceso a servicios básicos en materia de saneamiento y calidad de vida (no incluye información)
VIVIENDA DIGNA Acceso a una vivienda segura en condiciones y espacios adecuados para el refugio, el descanso y la convivencia.
ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Acceso a un medio ambiente que no presente factores contaminantes que afectan la salud en las cercanías de la vivienda.
ACCESOS EDUCATIVOS Acceso a credenciales otorgadas por instituciones educativas formales según ciclo de vida/cohorte etaria de la población.
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial que provea de protección integral
Los indicadores obtenidos permitieron elaborar el Informe desde tres lineamientos hasta llegar a la conclusión:
1 – Punto de partida.
Los planes estratégicos de desarrollo urbano -con criterios de sustentabilidad socio-económicos y ambientales- constituyen una herramienta fundamental para garantizar el derecho al progreso humano en el espacio urbano. Para estos escenarios, la articulación entre el Estado, los agentes de mercado y los propios ciudadanos constituye una pieza clave para lograr este cometido.
Sin embargo, en países de América Latina y el Caribe (ALyC), con áreas urbanas metropolitanas complejas, desarrollos económicos fallidos y altas desigualdades sociales, llegar a estos resultados no es un proceso lineal; incluso su puesta en marcha puede producir efectos divergentes y contradictorios. Políticas de desarrollo urbano con diferente capacidad político-económica extienden y profundizan las desigualdades sociales al interior del espacio urbano.
En tales escenarios, la dinámica del espacio urbano está dominada por las desigualdades socioeconómicas estructurales que los atraviesan y los territorios carecen de una gobernanza pública capaz de poner en juego planes de desarrollo urbano sustentables de alcance metropolitano. Los programas locales tienden a activar procesos de movilidad de la pobreza y la desigualdad social.
Por otra parte, disponer de un contexto socioeconómico favorable es condición necesaria para garantizar el derecho a una ciudad sustentable, capaz de garantizar inclusión e integración social, poniendo en marcha procesos de equidad en la diversidad. De lo contrario, tienen a florecer enclaves urbanos modernos y sustentables, al mismo tiempo que se reproducen y crecen los espacios de reclusión de poblaciones marginadas.
2- Resumen de evidencias.
En un contexto de mejoras variables pero tendencialmente regresivas en materia de bienestar para el período 2010-2022, las evidencias dan cuenta de un aumento de la desigualdad estructural al interior del AMBA: entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Conurbano Bonaerense, para una serie de dimensiones cruciales asociados a las condiciones materiales de vida y de integración social.
En CABA, algunas de las privaciones no monetarias manifiestan un carácter marginal como el caso del acceso a servicios básicos o muy reducido como el acceso a un vivienda digna. Para los partidos del Conurbano Bonaerense, estos aspectos asumen una incidencia muy superior aunque registran una mejora a lo largo del período observado. Sin embargo, dada la desigual composición socio-económica de ambas jurisdicciones, aumentó la brecha de desigualdad socio-urbana.
Tanto en relación al acceso a la vivienda, los servicios básicos y en el acceso a un medio ambiente saludable, se observan mejoras que estuvieron asociadas a la inversión pública en materia de saneamiento y mejora ambiental. Otros aspectos marcan una evolución desfavorable, particularmente en los últimos años, como el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y la seguridad social. Ambos factores están asociados a la crisis, situación que se agrava aún más como consecuencia de la pandemia.
El impacto sobre el mercado de trabajo y sobre los ingresos reales de los hogares implicó un incremento de los niveles de pobreza por ingresos y de carencias en estas dimensiones. Como consecuencia de este proceso, el análisis de la evolución de la pobreza multidimensional muestra un incremento de la brecha entre que implica un incremento en los niveles de desigualdades estructurales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Conurbano Bonaerense, como expresión de la suerte corrida por diferentes segmentos sociales.
3 – Punto de llegada
Las áreas metropolitanas de ALyC son territorios fragmentados en términos no sólo político-jurisdiccionales sino también socio-económicos, siendo esta segmentación social un factor crucial que explica sus progresos, retrocesos, heterogeneidades y desigualdades socio-económicas, incluso, la (in)capacidad de poner en marcha políticas de desarrollo urbano sustentables.
La reproducción de desigualdades no solo tiene lugar entre jurisdicciones, sino también al interior de cada jurisdicción y de los propios segmentos sociales, haciendo cada vez mas difícil la tarea de aplicar políticas de gobernanza metropolitana y de desarrollo humano integral. En los extremos de esta dinámica florecen los barrios cerrados, al mismo tiempo que la toma de tierras marginales por sectores expulsados de espacios con nuevos desarrollos inmobiliarios.
Un desarrollo económico socio-productivo con efectos redistributivos en materia de ingresos, bienes y servicios públicos, capaz de permitir el progreso socio-económico a los sectores más pobres y vulnerables, es condición necesaria para cualquier proceso de modernización urbana, e, incluso, para alcanzar de manera efectiva y sostenible programas de desarrollo urbano sustentables. De lo contrario, el resultado puede llegar a ser -tal como muestra el caso del AMBA- un desarrollo ampliado de la pobreza y la desigualdad urbana.
Datos relevados. Encuesta:
Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más.
Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) – EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Observatorio de la Deuda Social Argentina – Pontificia Universidad Católica Argentina
