Personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad llevó a cabo el procedimiento en una óptica ubicada en la calle Larrea al 800 ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y ante la Secretaría Única del doctor Ricardo Bomparola, en el marco de una investigación realizada por la propia fuerza porteña sobre el ejercicio ilegal de la medicina que se realizaba en el local.
A través de la exploración de diversas redes sociales en prevención de ilícitos del área de salud, se confirmaron las prácticas ilegales que se hacían en la óptica en cuestión.
De esta manera, se encontró un comercio que a través de Internet ofrecía la venta de lentes, armazones y estudios de graduación de la vista aunque jamás se hacía mención a un médico oftalmólogo que amparara esa práctica.
Una vez que se obtuvieron los datos de la responsable y la dirección del lugar, los oficiales elaboraron un informe solicitando la inspección. Para esa tarea, fueron convocados representantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y del Ministerio de Salud.
Al arribar al local, se tomó contacto con la responsable y se constató que el comercio no contaba con habilitación ni de la AGC ni del Ministerio de Salud, y que, a su vez se estaba infringiendo la Ley 17.132 que regula el ejercicio de la Medicina en el Territorio Nacional, por lo cual significaba para los clientes un grave peligro para su salud.
En consecuencia, la mujer fue imputada por el fiscal por usurpación de grados, títulos y honores (Artículo 247) y ejercicio ilegítimo de una actividad (Artículo 79).
El secretario de la UFEMA ordenó el secuestro de los elementos constitutivos del delito: un total de 358 lentes, 95 recetas médicas y 95 unidades listas para ser retirados.
Además, se solicitó la declaración testimonial de una de las clientas que había accedido al lugar a través de Internet donde le habían informado que iba a ser atendida por un médico oftalmólogo, el secuestro del teléfono personal de la imputada, otro que tenía instalado un software para realizar mediciones visuales y la computadora donde almacenaba información de personas y el stock de mercadería.
Finalmente, el magistrado a cargo del caso dispuso clausurar el local.
