El Colegio de abogados solicitó que se debatan en sesiones ordinarias las reformas incluías en el Proyecto de la «Ley de Bases» (ómnibus), por considerar que afectan al ejercicio profesional.
El presidente del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, pidió ayer mediante una nota dirigida a los legisladores, que el tratamiento de la ley «Bases» se postergue hasta el inicio de las sesiones ordinarias.
En primer término, Gil Lavedra consideró que “la intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica que requiere toda democracia constitucional. La protección de los derechos y de la libertad requiere que la ley sea fruto del debate plural de los representantes del pueblo, para otorgar la legitimidad y estabilidad necesaria a toda política estatal”.
Párrafo aparte, el representante de los abogados colegiados de la capital destacó que “el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo posee dimensiones tales que impiden su consideración racional en un lapso breve. Incluso, como es lógico que suceda, el corto debate y la opinión de asociaciones y sectores involucrados, ha evidenciado inconsistencias y errores, algunos corregidos en el dictamen aprobado en el plenario de Comisiones”.
De ese modo, Gil Lavedra señaló que “sería deseable que el debate en el recinto se concentre en aquellos aspectos indispensables y urgentes del proyecto, postergando para las sesiones ordinarias aquellos asuntos que carecen de premura y requieren mayor intercambio parlamentario”.
En ese sentido, mencionó que los aspectos legislados en el proyecto de la “Ley de Bases” se refieren a cuerpos normativos fundamentales, “en los que es necesario mantener coherencia interna, como el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, marcando en la nota enviada algunos ejemplos específicos como la inclusión de los divorcios administrativos y las sucesiones notariales
Al respecto de esos procesos, el doctor Gil Lavedra, consideró que “se abre una puerta para la existencia de abuso en perjuicio de la parte más débil” y que “una nueva regulación, lejos de procurar economía o mejora en los tiempos del trámite, conllevaría a la duplicidad de procedimientos ante a la necesidad de control judicial de legalidad y con ello, al encarecimiento del proceso”.
Texto Fuente: Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
