El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) reiteró ayer a los diputados nacionales su «enfático rechazo a la aprobación de las normas relativas a los divorcios administrativos y a las sucesiones notariales».
En fundamento de que «carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país», la institución colegiada reiteró el rechazo a ese capitulo de la Ley Ómnibus.
La entidad, que agrupa a los letrados que actúan en este tipo de expedientes a cambio del cobro de sus honorarios, expresó nuevamente su postura en una nota firmada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, enviada a los 257 diputados nacionales ante el tratamiento en particular de la ley «Bases» aprobada en general la semana pasada.
«En vísperas de la votación en particular en la Cámara de Diputados de la Nación de la denominada ley ómnibus, el Colegio Público de la Abogacía reitera su enfático rechazo a la aprobación de las normas relativas a los divorcios administrativos y a las sucesiones notariales», dijo el CPACF.
«Como hemos adelantado, esos temas carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país», enfatizó.
En el caso de los divorcios, sostuvo, «se desconoce el sistema del Código Civil en cuanto a la necesidad de que todos los efectos del divorcio sean considerados integralmente para la protección de la parte más vulnerable».
En cuanto a las sucesiones, advirtió que «se intenta agregar una nueva regulación sin beneficios ciertos, toda vez que se otorgan a los escribanos las mismas facultades de los jueces e idéntico procedimiento».
«Por todo esto advertimos que no hay mejoras en cuanto a la desformalización de esos juicios y podría haber encarecimiento en los costos. En ambos casos, creemos que es insustituible la presencia del juez para garantizar de mejor manera los derechos en juego», aseveró el CPACF.
Con información de la Agencia Nacional de Noticias Télam.
