El Gobierno nacional oficializó la reforma migratoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025. La norma impone fuertes restricciones al ingreso y permanencia de extranjeros, pero introduce un elemento novedoso: habilita la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones “relevantes” en Argentina.
Con este esquema, el Ejecutivo intenta atraer divisas en un contexto de escasez de dólares, al tiempo que limita el acceso de migrantes a servicios públicos. Según el propio decreto, las reformas apuntan a “desalentar abusos” y a “garantizar la seguridad pública”.
Según Diario El Norte, la normativa endurece los criterios para el ingreso y permanencia de extranjeros. Quienes ingresen por pasos no habilitados serán expulsados de inmediato. Lo mismo ocurrirá con personas condenadas por cualquier delito, sin importar la gravedad. A la vez, la ciudadanía argentina se restringirá únicamente a quienes acrediten dos años de residencia continua sin salir del país.
Además, se establece que los inmigrantes ilegales, temporarios o transitorios deberán pagar por la atención sanitaria. Solo los residentes permanentes podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos. En paralelo, se habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia definitiva.
El texto del DNU argumenta que el actual régimen migratorio favorece el “turismo de natalidad” y permite que migrantes irregulares accedan a derechos sin aportar al sistema. Con esta reforma, el Ejecutivo promueve un modelo selectivo: endurece el acceso para la mayoría, pero facilita la ciudadanía para quienes puedan invertir dinero.
La medida además crea un nuevo organismo bajo en el ámbito del Ministerio de Economía, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Según el DNU, será un organismo descentralizado con por un director ejecutivo encargado de “diseñar, gestionar, y controlar los programas de ciudadanía por inversión”.
