El 2 de julio, la vida de Daniel Vera, docente jubilado de Resistencia (Chaco), cambió para siempre. Su casa fue allanada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras un operativo de ciberpatrullaje ordenado por el juez federal Ariel Lijo.
¿El motivo? Un posteo en Facebook compartido en noviembre de 2024 donde expresaba su repudio al genocidio en Gaza. La Justicia interpretó su publicación como una “amenaza al presidente”, lo que derivó en su detención inmediata.
Daniel pasó dos días en una comisaría y luego una semana en prisión, hasta que el Comité contra la Tortura de Chaco logró que pueda volver a su casa, aunque bajo arresto domiciliario.
Más de un mes después, sigue privado de su libertad, a pesar de que la acusación corresponde a un delito excarcelable, con una pena máxima de tres años. Su caso desató un fuerte debate sobre la libertad de expresión y el control de las redes sociales por parte del Estado.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el ciberpatrullaje podría transformarse en una herramienta de persecución política, y que situaciones como la de Daniel ponen en riesgo el derecho a opinar sin miedo a ser detenido.
