La Ley de Alquileres es una de las legislaciones que continúa trayendo polémica y necesidad en partes iguales. Ahora, otro proyecto presentado en el Congreso busca modificar dos artículos muy cuestionados.
Los principales impulsores de estas modificaciones fueron la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) . En un comunicado, las entidades aseguraron que la propuesta pretende «generar un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres» en el corto plazo.
Desde Juntos por el Cambio pidieron convocar a una sesión especial para tratar la ley y se prevé que se dé el 23 de agosto. De todas formas, las agrupaciones que solicitaron la modificación indicaron que mantuvieron contactos con el Gobierno nacional y que esperan se pueda tratar antes.
La propuesta sugiere que el precio de los alquileres se establezca como un valor único y por períodos mensuales, permitiendo ajustes cada cuatrimestre como mínimo. Además, se plantea que no se permitan bonificaciones ni otras metodologías que puedan confundir al inquilino.
En cuanto a la fórmula de ajuste de las locaciones, el proyecto estipula que los incrementos estén basados en un índice conformado por partes iguales de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que es publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta nueva fórmula reemplazaría al actual índice ICL, el cual ha sido objeto de críticas debido a su impacto en medio de una alta inflación.
Además, la propuesta busca reducir el plazo mínimo legal de los contratos de alquiler a dos años. «El plazo actual de un año resulta insuficiente en un contexto inflacionario desequilibrado y ha generado problemas como una aceleración en los precios, retracción de la oferta y dificultades para ambas partes contratantes», marcaron las entidades inmobiliarias.
Fuente consultada: América Retáil.
