Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierten que el desfinanciamiento del Plan ENIA (Embarazos No Intencionales en la Adolescencia) compromete los derechos de las adolescentes y es una decisión económica contraproducente.
Señalan que, desde su implementación en 2018, el Plan ENIA brinda consejerías en salud sexual y reproductiva en escuelas secundarias y espacios comunitarios, y garantiza a adolescentes el acceso gratuito a métodos anticonceptivos.
Se trata de una política pública emblemática por su eficacia comprobada en la reducción de embarazos adolescentes y la ruptura del ciclo intergeneracional de pobreza. Los resultados del Censo 2022 evidencian una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos. A pesar de su éxito y reconocimiento regional, se ve amenazado por un fuerte recorte presupuestario y el despido de 619 personas que estaban a cargo de la implementación a nivel federal.
La maternidad precoz genera mayores tasas de deserción escolar y limitaciones en el acceso al empleo de calidad. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solo el 38% de las adolescentes que se convierten en madres logran completar la educación secundaria, un 3% alcanza estudios terciarios y el 1% llega a la universidad.
Las mujeres que tuvieron su primer hijo/a en la adolescencia tienen una probabilidad 25% mayor de retirarse del mercado de trabajo. Esto conlleva una pérdida de ingresos estimada en 178 millones de dólares al año.
La tasa de desempleo que enfrentan las mujeres que fueron madres en la adolescencia es del 21,4%, es decir mayor que el de las mujeres que fueron madres en una edad adulta. Esto implica una pérdida de ingresos estimada en 30,4 millones de dólares anuales.
El mismo estudio de UNFPA muestra que el Estado argentino enfrenta pérdidas anuales de 200 millones de dólares debido a los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,5 millones. De este modo, el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, el equivalente a ocho veces lo que se invierte en el Plan ENIA.
De este modo, destacan que el desfinanciamiento del Plan ENIA compromete los derechos de las adolescentes y es una decisión económica contraproducente, advirtiendo que “es imperativo que el gobierno nacional reconsidere esta medida y garantice la continuidad de una política pública que ha demostrado ser efectiva y rentable”.
En esta línea, desde ELA hacen un llamado urgente a proteger y fortalecer el Plan ENIA como una inversión en el futuro de la Argentina.
