En el día de ayer, fueron denunciadas por los trabajadores el vaciamiento de las politicas relativas a las cuestiones degénero y diversidad, y en la noche, mediante un comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación, se anunció la eliminación definitiva del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades.
Trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunciaron durante el día de ayer a través de una acción de radio abierta que les anunciaron el despido a fin de mes de más de 500 personas, que representan el 80% de la planta, por lo que la única área que ha quedado después de la disolución de la cartera quedaría en funcionamiento con solamente unos 100 trabajadores.
En la noche, a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación (Mariano Cúneo Libarona) titulado «Se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer», confirmó la sospecha alguna vez anunciada por el gobierno de Javier Milei.
Entre los argumentos esgrimidos en el comunicado, se expresó que «Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines politicos – paridarios, para propagar e imponer una agenda ideológica..»
En este contexto, los trabajadores habían denunciado también que, junto a los despidos, se vacían áreas que garantizan políticas públicas que la cartera sigue teniendo bajo su responsabilidad y que surgen de normativas vigentes.
Entre ellas mencionaron la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499.
En el plano internacional, se dejaría de cumplir con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Belem do Pará; y la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980.
Antecedentes institucionales de las areas de género.
La institucionalización de las políticas de género en Argentina se ha dado desde hace varios años. Cabe destacar la creación de la primera Subsecretaría de la Mujer (1987) y del Consejo Nacional de la Mujer (1992) que luego se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) (2017), alcanzando un nivel de Secretaría de Estado. La jerarquización de aquella institucionalidad se dió a partir de la creación del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) en 2019. Esta institución fue eliminada del organigrama nacional por parte de la nueva administración mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 8/2023 y la modificación a la Ley de Ministerios. Se puede decir que este ministerio fue reemplazado por la actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano.
El pasado 22 de mayo de 2024 se publicó el Decreto 450/2024 que modifica nuevamente la Ley de Ministerios. Mediante esta modificación el gobierno nacional trasladó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género al Ministerio de Justicia. En el marco de todas estas reestructuraciones, todavía no se avanzó en la definición de un organigrama ni de políticas claras de acción para el abordaje, prevención y reparación de los casos de violencias basadas en género.
A pesar de haber transcurrido casi 6 meses desde la creación de la Subsecretaría, continúa sin aprobarse su estructura interna. Esto significa un obstáculo para el correcto desarrollo de sus tareas, entre las cuales se encuentra la de diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción contras las Violencias para el periodo 2024-2026 tal como se estipula en la ley nacional 26.485
Sobre las politicas de género. Informe E.L.A.
El Equipo Latinoamericano Jsuticia y Género, emitió un informe elaborado a la luz de la actuak situación que atraviesan las faltas de politicas de género y diversidad, el desamparo de las mujeres frente a esta situación y la gravedad de las conseccuencias de la ausencia en un contexto de creciente violencia hacia las mujeres y diversidades.
Entre los puntos clave del informe, se indica que desde diciembre se encuentran paralizadas todas las políticas públicas de prevención y asistencia en casos de violencias impulsadas hasta el año pasado por el gobierno nacional. Hubo una reducción del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar y del 25,52% del presupuesto de la Línea 144.
Las acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto y las acciones de protección y rescate de víctimas de violencia y de trata registraron caídas del 72,11% y 90% respectivamente.
Se interrumpieron programas como el GenerAr, que brindaba apoyo institucional a las áreas de género a nivel local. Esto redunda en una grave afectación de las instituciones locales para brindar atención, protección y apoyo económico a mujeres en situación de violencia. En un contexto de crisis económica y recrudecimiento de los discursos de odio, preocupan los impactos concretos que la desarticulación de estas políticas generará en las mujeres y LGBTI+.
Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2023 se registró un incremento interanual del 10,6% en víctimas directas de femicidios. Para prevenir y erradicar los femicidios y atender oportuna y adecuadamente otras formas de violencias por razones de género, se requieren políticas sostenidas y robustas.
La Ley 26.485 –Ley de protección integral de las mujeres– fue sancionada el 11 de marzo de 2009 con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En su artículo 11 establece que el Estado nacional implementará acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia, y enumera una serie de organismos y políticas públicas que cada uno deberá llevar a cabo.
Para dar cumplimiento a esta ley y aquellas que la complementan, es fundamental la continuidad del Estado. A pesar de que las direcciones o ministerios se modifiquen, el Estado argentino debe dar cumplimiento a sus obligaciones normativas. Por ello, un organismo que es sucesorio de otro, debe entender y conocer las políticas implementadas y darles continuidad si ellas se orientan a proteger y garantizar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Este fue el caso del MMGyD como sucesor del Instituto Nacional de las Mujeres.
Durante el periodo 2020-2022, a través de solicitudes de acceso a la información pública, ELA consultó a diversos organismos públicos cómo habían implementado las políticas públicas reguladas en la Ley 26.485. Las principales acciones llevadas a cabo por los órganos obligados fueron capacitaciones, confección y actualización de protocolos y desarrollo de programas como el Acompañar y la Línea 144, entre otros.
El informe de E.L.A. concluye que «En los últimos años existió un avance en el cumplimiento de las normas dispuestas para la generación de políticas públicas para la prevención y sanción de las violencias hacia las mujeres» y sostiene que «solo mejorando y profundizando las políticas existentes y generando otras con mayor alcance y suficiencia, podremos mejorar las condiciones de las mujeres para el ejercicio de una vida sin violencias».
Fuente: somostelam.com.ar / Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
