En el día de ayer, la ministra de Capital Humano se expresó mediante una breve comunicación sobre la movilización de varias organizaciones de la sociedad civil anunciada para mañana y lo hizo, ratificando el sentido del llamado “Protocolo antipiquetes”.
Sandra Petovello, a cargo de lo que hoy se conoce como Ministerio de Capital Humano de la Nación (que absorvió varios ministerios, conforme el DNU 45/23) inició la comunicación en un video que fue difundido desde la “Oficina del Presidente Electo” que se maneja por la red “X”, destacando que “La misión del presidente Milei y todo el gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive nuestro país”.
En el comunicado, la ministra Petovello se refirió la masiva movilización anunciada para este miércoles 20 de diciembre, manifestación que fue dada a conocer por las organizaciones convocantes antes de la vigencia del Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación por el que se estableció el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», que habilita la “intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”, “toda vez que se trata de un delito flagrante”.
En cuanto a la referida convocatoria, la ministra puntualizó que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo” y agregó que “Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de dialogo con el Ministerio de Capital Humano”.
En este sentido, Sandra Petovello reforzó la advertencia dirigiéndose a los beneficiarios de los planes sociales, señalandoles que “Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan” y destacó que por esa razón suspenderán el certificado de presencialidad que dan las organizaciones sociales.
“Para ser bien clara, los únicos que no van a cobrar son los que vayan a la marcha y corten la calle”, sentenció la ministra, ratificando los dichos del presidente Milei, “el que corta, no cobra”, finalizando el comunicado con el anuncio del aumento del 50% en los planes sociales (AUH y Tarjeta Alimentar).
La ministra de Capital humano mencionó así la vigencia de dos derechos constitucionales: el de libertad de expresión y el de circulación o libre tránsito.
En este contexto, las organizaciones sociales, políticas y sindicales, ratificaron la movilización de mañana hacia Plaza de mayo y convocaron a una conferencia de prensa para el día de hoy a las 15 horas en las escalinatas del Congreso de la Nación con el fin de dar a conocer detalles sobre la concentración referida.
El protocolo antipiquetes, derechos y contexto social.
Tras la reciente comunicación de la ministra de Capital Humano ratificando la actuación confoeme el llamado «protocolo antipiquetes», cabe destacar el contexto social en el que se enmarcan los anuncios.
En este sentido, las mismas organizaciones concocantes a la movilización de este 20 de diciembre, así como organismos de derechos humanos han reaccionado y se han manifestado en contra del “protocolo antipiquetes” anunciado la semana pasada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, considerándolo inconstitucional por avasallar el derecho de expresión en la protesta.
En este escenario, también hay que significar la amenaza de “Carcel o bala” dirigida hacia la Diputada de la Nación del Bloque Frente de Izquierda, Myriam Bregman por parte del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, (en respuesta a un mensaje que Bregman expuso en la red social X indicando la inconstitucionalidad del protocolo en cuestión), expresión que le mereció fuertes repudios al funcionario, entendiendo que la utilización de semejante y deliberada manifestación dimensiona en una sociedad democrática y con instituciones robustas y en funcionamiento frente a este tipo de expresiones.
Es claro que colisionan entonces dos derechos constitucionales. Sin embargo, no se debe omitir mencionar otro derecho de rango constitucional que es el de peticionar ante las autoridades plasmado en el art. 41 de la Constitución Nacional y que debe conjugarse con los demás derechos, sin perjuicio de las demás garantías constitucionales vigentes.
Frente a un clima social efervescente, es sano para nuestro sistema democrático no redoblar apuestas que signifiquen algún tipo de agresión directa o indirecta, verbal o física o cualquier otra clase de violencia que signifique menoscabo o malestar, conforme las leyes de protección de violencia.
Los mensajes institucionales, lejos de incitar a la violencia, deben propiciar un clima de paz social, más aún tendiendo en cuenta el nivel de conflictividad y malestar de la población generado por un escenario de incertidumbre por el que transita la economía argentina.
Que el llamado y autorización al despliegue de fuerzas de seguridad federales debe ser la última ratio en una manifestación de expresiones, sea con movilización o sin ella.
El protocolo en cuestión condiciona desde ya la simple protesta y manifestación de individuos y organizaciones a las que se dirige específicamente y adelanta entonces la utilización de la fuerza del estado, confundiendo el poder de policía con lo que el mismo estado debe ser garante.
A su vez, tal protocolo hace referencia al “registro de las organizaciones que participan de las acciones referidas”, así como la identificación de los manifestantes aludiendo claramente a la participación y persecución política de tales actores sociales, prohibido expresamente en tratados de derechos humanos que integran el bloque constitucional.
Avanzar sobre tales derechos y garantías será en detrimento del estado de derecho, propio de una sana democracia en su pluralidad de expresiones.
De este modo, el llamado “protocolo antipiquetes” parece más bien un protocolo de política criminal estigmatizante dictado en una simple resolución administrativa, más que un protocolo que pretende ordenar y disuadir una protesta social.
Por demás, se hace necesario significar que en el protocolo, la estigmatización antes referida, se avizora en tanto que las protestas son convocadas por organizaciones en su mayoría de izquierda pasando por alto que otros actores sociales llamados de “derecha” se han manifestado en otras ocasiones amparados en mismo el derecho a la libertad de expresión, que ahora con el dictado de la Resolución 943/2023, pretenden cercenar.
En este sentido, sería propicio buscar el diálogo y consenso entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil (cualquiera fuera su figura jurídica) respecto a las formas de manifestarse, lo que nunca podría llevar al cercenamiento de derechos constitucionales.
Las manifestaciones sociales son propias de un estado de derecho, impedir ello sería un simbronazo a la democracia y sus instituciones a las que debemos respetar y proteger.
Foto: Oficina del Presidente Electo.
